Publicado el 16/Junio/2011 | 00:47
Por: Carlos Jijón
carlosj@hoy.com.ec
Vivimos momentos épicos. Las fuerzas contrarias a la libertad empujan lo que para ellas es el asalto final, el golpe decisivo en contra de los medios de comunicación, sirviéndose de los cuales llegaron al poder, y a los que ahora quieren sojuzgar con el objetivo de perennizarse en el cargo. La ley de comunicación o, para ser más precisos, el proyecto que impulsa el Gobierno a través de la bancada legislativa de AP y mediante el cual intenta crear un consejo de regulación controlado mayoritariamente por el Ejecutivo, ha retomado posiciones en la Asamblea Legislativa con el apoyo (débil apoyo) de los resultados electorales de la consulta popular, en los que el 45% de la población votó a favor de la pregunta 9 contra el 43% que dijo "No". La instancia es decisiva: estamos presenciando el asalto final. De llegar a aprobarse ese proyecto presentado inicialmente por el honorable Rolando Panchana, e impulsado luego por los también honorabilísimos Betty Carrillo y Mauro Andino, quizás estemos viviendo los últimos días de la prensa libre y, con ella, de un sistema de libertad que garantice la democracia.
La buena noticia es que vamos ganando. El Gobierno no tiene los votos en la Asamblea para aprobar el proyecto con el que quiere liquidar a la prensa, porque los legisladores saben que las primeras víctimas de unos medios controlados por el Gobierno serían ellos. Deben haberlo entendido bien, por ejemplo, asambleístas como Betty Amores o María Paula Romo, y lo saben ya desde hace mucho César Montúfar, Paco Moncayo o Lourdes Tibán, que han sido víctimas de la desinformación y de ataques de la prensa oficial. Por lo que es difícil creer que ellos mismos decidan ponerse la soga al cuello negociando un consenso con la bancada de AP, que, previsiblemente, va a ser vetado por el Presidencia de la República para imponer su propio proyecto, como hizo ya con la ley de universidades o la de servicio público. No. No tienen los votos. Y lo que es más contundente aún: tampoco tienen argumentos morales.
El que ganaron la consulta, con 2% de diferencia a favor, es el más débil de todos. Es cierto que la ganaron; pero la pregunta 9 nunca le consultó al pueblo si quería que sea el Gobierno el que controle mayoritariamente el Consejo de Regulación. Por lo que un asambleísta puede estar obligado moralmente a votar a favor de la creación de dicho consejo, porque así aprobó el pueblo, pero nada lo obliga a aprobar un consejo en el que el Ejecutivo mande. Ni a regular nada más allá que la exhibición de sexualidad o violencia explícita. Ni a imponer más responsabilidad ulterior que la que ya existe. No están obligados, porque el proyecto que impulsan Panchana, Carrillo y compañía no corresponde exactamente a la pregunta que se aprobó tan débilmente, sino que le agregan otros elementos que, de haber constado en la consulta, muy probablemente la habrían perdido. Como creo que perderán también esta batalla en contra de la libertad, la democracia y la Historia.
